- REDES advierte que acelerar los trabajos de prevención es fundamental para evitar pérdidas económicas y proteger a las familias ante las próximas lluvias.
Una inundación puede llevarse en pocas horas lo que una familia construyó durante años: su vivienda, los muebles que compró con esfuerzo o el pequeño negocio que sostiene sus ingresos. Para un agricultor, también puede significar perder una cosecha en la que invirtió durante meses. Por eso, cuando hablamos de prevenir los efectos de El Niño, no solo hablamos de limpiar ríos o construir defensas, sino de proteger el patrimonio y el futuro de miles de familias peruanas.
El Perú conoce los daños que pueden ocasionar las lluvias intensas y los desbordes de ríos, pero todavía enfrenta importantes desafíos para completar las intervenciones que permitirían reducir sus consecuencias.
De los 536 puntos críticos priorizados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), cuyas intervenciones buscan proteger a aproximadamente 328 mil habitantes y 80 mil viviendas, solo el 20% reporta avances.
“Nuestro país ya tiene identificadas muchas de las zonas donde las lluvias podrían generar inundaciones. Eso es importante porque permite actuar con anticipación. Pero identificar el riesgo es solo el primer paso. Necesitamos que esa información se convierta en trabajos de prevención que protejan las viviendas, los cultivos y los negocios de las familias”, explicó Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
¿Qué tan preparados estamos para la llegada de las lluvias?
Una de las principales medidas de prevención es la descolmatación de ríos, que consiste en retirar la arena, piedras y otros materiales acumulados en sus cauces para facilitar el paso del agua y reducir el riesgo de desbordes.
Sin embargo, según los registros de la ANA analizados por REDES, el avance nacional de estos trabajos alcanza apenas el 17%. Es decir, por cada 100 metros cúbicos de material que se tenía previsto retirar, solo se han retirado aproximadamente 17.
La situación presenta diferencias entre regiones. Ica registra un avance de 3,5%; Áncash, de 4,42%; y La Libertad, de 9,23%. Estos resultados muestran que todavía existe un importante trabajo pendiente para reducir la exposición de la población a las inundaciones.
“Cuando un río se desborda, una familia puede enfrentar varios problemas al mismo tiempo. Tiene que reparar su casa, reemplazar sus pertenencias y, posiblemente, dejar de trabajar mientras se recupera. Para quienes tienen pocos ahorros, estas pérdidas pueden ser especialmente difíciles de afrontar. Por eso, prevenir es también una manera de proteger la economía familiar”, señaló Puccio.
No basta con limpiar los ríos: también hacen falta obras de protección
La limpieza de cauces debe complementarse con defensas ribereñas, que permiten proteger las orillas de los ríos y reducir los riesgos para las viviendas, carreteras y terrenos agrícolas cercanos.
Sin embargo, según información del sistema INFOBRAS de la Contraloría, 328 obras vinculadas a protección ribereña y control de inundaciones, equivalentes al 27% del conjunto analizado, figuran sin ejecución o paralizadas.
A ello se suma el desafío del drenaje pluvial, que permite que el agua de las lluvias circule por canales, tuberías y otras estructuras para evitar su acumulación en calles y viviendas. En este caso, 228 obras, equivalentes al 19,4%, también figuran sin ejecución o paralizadas.
“Para una familia, una inundación puede significar perder en horas lo que le tomó años construir. Estas obras pueden marcar la diferencia entre conservar una vivienda y un negocio o enfrentar pérdidas que comprometan sus ingresos durante meses. Por eso, avanzar con las intervenciones preventivas es fundamental para reducir los daños antes de que ocurra una emergencia y evitar que las familias tengan que empezar de cero después de un desastre”, concluyó el especialista.